"Juan Manzur y sus funcionarios siguen vacunando a los amigos. Tucumán sigue siendo la provincia de los privilegios", advirtió el legislador José María Canelada esta mañana al ampliar la denuncia que había realizado el 3 de marzo por vacunación vip en Tucumán.
En este caso, presentó ante la Justicia de la provincia el caso de los cuatro delegados comunales que se vacunaron entre el 12 y 13 de abril, hecho denunciado por SITAS en el fuero federal.
"Este caso que quedó al descubierto por la denuncia de la doctora Adriana Bueno muestra que se vacunó con las luces apagadas a cuatro delegados comunales, algunos menores de 50 años incluso, cuando muchos de nuestros adultos mayores todavía siguen esperando sus turnos. Tenemos personal de salud, docentes, miembros de fuerzas de seguridad, empleados de comercios, bancarios y muchísimos trabajadores más que nunca pararon y aún no fueron inoculados. Le exigimos a la Justicia de Tucumán que actúe, que alguna vez investigue y sea justa. Y a este gobernador, que nos dé un respiro de tantas acciones vergonzosas e indignantes", expresó tras la presentación de los nuevos hechos.
El parlamentario radical señaló que se encuentran probados los delitos que denunció en marzo, como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia. Hoy, además de pedir que se investigue el caso de los delegados comunales, solicitó entre otras medidas que se los cite a Tribunales para que declaren.
"Aquí además de una actividad delictiva hay una absoluta falta de empatía, de humanidad. En los dos días en que se vacunaron los delegados comunales con las luces apagadas, fallecieron siete tucumanos y se contagiaron alrededor de 1200. Y encima, después de vacunarlos por 'izquierda', cuando son descubiertos, el gobernador argumenta que son esenciales. No le falten el respeto a los tucumanos".
En cuanto a la denuncia, que es contra ministra de Salud Rossana Chahla y los funcionarios Luis Medina Ruiz y José Antonio Gandur, exigió que avance.
"Casi dos meses después todavía no nos llamaron a ratificar la denuncia. La sensación que nos queda es que la fiscal Mariana Rivadeneira, conocida encubridora del poder político, quiere planchar la causa pero no se lo vamos a permitir. Lo primero que debería hacer esta fiscal es hacerse a un costado, por el pedido de juicio político que presentamos en su contra la semana pasada".